A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Nos dirigimos con carácter de urgencia a la comunidad internacional para denunciar la represión criminal a la que el régimen de Nicolás Maduro está sometiendo al pueblo de Venezuela y para advertir sobre la escalada de agresión y violencia que se incrementa con el paso de las horas.
 
El gobierno de Maduro ha abandonando las apariencias democráticas, asumiendo su  talante dictatorial. Vivimos una represión feroz, no solamente por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, sino por parte de los colectivos del terror, grupos paramilitares armados promovidos y protegidos por el oficialismo.  
 
Anoche Nicolás Maduro asumió la defensa de esos grupos y dio garantía de su “carácter pacífico”.  Cientos de videos y las propias declaraciones de los jefes de estos grupos desmienten de manera inequívoca al gobierno. Desde el pasado 12 de febrero, se han registrado oficialmente 6 personas fallecidas, decenas de heridos, centenares de detenidos y un número indeterminado de desaparecidos. Además, las fuerzas públicas están cometiendo actos de barbarie en contra de jóvenes estudiantes desarmados: torturas, amenazas de muerte, vejaciones sexuales y robo de sus pertenencias. Hay órdenes de aprensión sin fórmula de juicio, allanamientos sin mandato judicial, y uso de armas de guerra y químicos prohibidos internacionalmente, que el régimen usa para reprimir con crueldad.
 
El Gobierno compara con frecuencia la situación venezolana con la que vive el pueblo sirio, justificando la represión en ese país, lo que nos permite advertir que en el caso venezolano estamos ante el riesgo inminente de una catástrofe humanitaria.
 
Ante la violación reiterada y criminal de los derechos humanos, le exigimos al gobierno y a los tribunales el acatamiento a los artículos 44 y 46 de la Constitución que dicen:
 
“Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, en consecuencia:
1. Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
2. Todo funcionario público o funcionaria pública que, en razón de su cargo, infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier persona, o que instigue o tolere este tipo de tratos, será sancionado o sancionada de acuerdo.
3. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti.
4.  Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada o persona de su confianza, y éstos o éstas, a su vez, tienen el derecho a ser informados o informadas sobre el lugar donde se encuentra la persona detenida, a ser notificados o notificadas inmediatamente de los motivos de la detención y a que dejen constancia escrita en el expediente sobre el estado físico y psíquico de la persona detenida, ya sea por sí mismos o por sí mismas, o con el auxilio de especialistas.
 
La población civil está en manos de un “gobierno” que se comporta como enemigo del pueblo venezolano y de unas fuerzas represivas que actúan como ejército de ocupación extranjero, pero sin, ni siquiera respetar las leyes de la guerra.  Nicolás Maduro ha dicho, actuando como se lo indican sus jefes cubanos, que “está dispuesto a cualquier cosa”.  Toda indica que está cumpliendo esa amenaza.
 
Denunciamos igualmente la pretensión de Nicolás Maduro de engañar a los venezolanos y al mundo con frecuentes llamados al diálogo.  Se trata de un “diálogo” en el cual el Gobierno pretende designar a los interlocutores y establecer unilateralmente la agenda. Nunca ha habido un llamado sincero al diálogo.  Nosotros estamos absolutamente dispuestos a ello, pero un diálogo que no  signifique engaño,  obsecuencia, sometimiento y acatamiento.
 
La gran mayoría de los medios de comunicación venezolanos, especialmente las televisoras, no muestran la realidad, sino que pretenden encubrirla  con programas de entretenimiento. Esto se debe al cierre o compra de medios, a la censura, a la autocensura, y al ambiente de terror y de amenaza que se respira en nuestro país. Para enterarnos de lo que sucede, los venezolanos debemos recurrir a los medios alternativos o a los canales extranjeros, con la desventaja de que son muchos los que no tienen acceso a estas tecnologías.
 
Los organismos multilaterales y la mayoría de los gobiernos latinoamericanos guardan un silencio cómplice y temeroso.  Hacemos un llamado a los sectores democráticos de América, y del mundo, a no permanecer indiferentes, y a denunciar por todos los medios posibles los delitos de lesa humanidad que está cometiendo el gobierno venezolano. Si la comunidad internacional eleva su voz con firmeza, al gobierno de Nicolás Maduro se le hará más difícil mantener la represión brutal en contra de nuestro pueblo.
 
En estas horas difíciles, nos encomendamos a Dios, y confiamos en que los principios y valores democráticos prevalecerán, por encima de la barbarie y de la irracionalidad.